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jueves, 31 de mayo de 2012

Cargos contra exalcalde y 10 concejales de Bucaramanga formuló la procuraduría general


Fernando Vargas, exalcalde
Uriel Ortiz, Pte concejo

Bogotá.- Mayo 31, 2012.- La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos en contra del ex alcalde de la capital de Santander,  Fernando Vargas Mendoza, y contra diez concejales de la pasada administración.
Los dirigentes afectados con la medida son: Carmen Lucía Agredo Acevedo, José Alfredo Ariza Flórez, Cleomedes Bello Villabona, Dionisio Carrero Correa, Henry Gamboa Meza, Elida Mantilla Rodríguez, Carolina Moreno Rangel, Uriel Ortiz Ruiz, Alfonso Prieto García y Jaime Rodríguez Ballesteros.
Elida Mantilla
El proceso materia de investigación tiene que ver con el presunto trámite irregular del acuerdo 100 de 2009, por medio del cual se aprobó una exención parcial tributaria que disminuyó la tarifa de la estampilla pro – bienestar del anciano, del 2% al 1%.
La investigación la adelantó una comisión integrada por la procuradora delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, el procurador auxiliar disciplinario y la procuradora regional Santander.
 El concepto de la Comisión Especial Disciplinaria es que el entonces alcalde Fernando Vargas Mendoza sancionó el citado acuerdo, el cual aprobó una exención parcial tributaria, con la finalidad, al parecer, de beneficiar a un futuro contratista. Con esta actuación se pudo haber violado el principio de equidad horizontal o universalidad tributaria, medida con la cual se pudo incurrir en falta disciplinaria calificada provisionalmente como gravísima cometida a título de dolo.
De igual manera la decisión de la Procuraduría se tomó por cuanto en la exposición de motivos y en la ponencia del Proyecto de Acuerdo 139 del 2 de diciembre de 2009, al parecer, no se incluyó la renta sustituta, por medio de la cual el municipio de Bucaramanga iba a reponer los recursos que no le ingresarían, al aplicar una tarifa del 1% en la estampilla pro bienestar del adulto mayor al contrato que tenía por objeto elaborar los estudios y diseños de la fase III y construcción del viaducto de la carrera novena y sus obras complementarias.
El Ministerio Público consideró que los concejales investigados, que con su voto aprobaron el referido Acuerdo Municipal, pudieron incurrir en falta disciplinaria al crear una exención parcial tributaria, con la cual se pudo beneficiar a un futuro contratista, con violación del principio de equidad horizontal o universalidad tributaria y no prever la renta sustituta, por medio de la cual se repusieran los recursos dejados de percibir por el municipio. Fuente: Prensa de la procuraduría general

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