Fuente: Revista Cambio.- A LAS 12:30 A.M. del martes 18, los cancilleres de los países miembros de la OEA, reunidos en Washington, se levantaron de sus sillas con un efusivo aplauso de auto felicitación. Quedaban atrás 14 horas de negociaciones que habían estado a punto de romperse por falta de consenso. Un último borrador, presentado por la delegación de Brasil, salvó a última hora una reunión que no se había previsto tan difícil porque estaba antecedida de dos acuerdos que fijaban parámetros para una salida: el del encuentro de embajadores en la misma OEA, y el de la publicitada cumbre presidencial del Grupo de Río en República Dominicana. En Washington, sin embargo, las aspiraciones de Colombia y Ecuador volvieron a polarizarse hasta llegar al límite de la ruptura. El Gobierno colombiano buscaba una reiteración del compromiso de los países miembros para luchar contra el terrorismo, y dejar constancia, explícita o implícita, de que Venezuela y Ecuador habían violado el derecho internacional al permitir que en sus territorios se refugien guerrilleros o se instalen campamentos de las Farc. En plata blanca, el canciller Fernando Araújo y su equipo buscaron en el escenario de la OEA -donde tienen asiento los Estados Unidos- una versión más favorable que la del documento aprobado por los presidentes del Grupo de Río. Por su parte, la delegación del presidente ecuatoriano Rafael Correa tenía instrucciones precisas para lograr una dura condena contra Colombia por violación de la soberanía territorial de ese país en el operativo militar contra Raúl Reyes. Al contrario de Colombia, sus miembros consideraban que como los presidentes ya habían acordado unos compromisos en la cumbre del Grupo de Río, los cancilleres de la OEA no podrían modificar sustancialmente el trabajo de sus jefes. En síntesis, los ministros volvieron a la discusión sobre el dilema lucha contra el terrorismo vs. defensa de la soberanía. Y si bien en los encuentros anteriores se había dado un equilibrio, en esta ocasión la declaración hizo más énfasis en la inviolabilidad de un territorio extranjero. El texto acordado rechazó la incursión armada del Ejército y la Policía colombianos, omitió tanto el término terrorismo" como mencionar el derecho de Colombia a la legítima defensa, y comprometió a Colombia para no volver a actuar en forma unilateral en territorio ajeno. Los representantes colombianos lograron introducir una alusión a la cooperación en la lucha contra grupos irregulares y el narcotráfico, y el establecimiento de una comisión -cuya naturaleza no alcanzó a precisarse y quedó en manos del secretario General, José Miguel Insulza- para hacerle seguimiento al cumplimiento de lo pactado. Tomado de la Revista Cambio, donde encontará más infdormación...
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