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| Fernando Vargas, exalcalde |
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| Uriel Ortiz, Pte concejo |
Bogotá.- Mayo 31, 2012.- La
Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos en contra del ex
alcalde de la capital de Santander, Fernando Vargas Mendoza, y contra diez
concejales de la pasada administración.
Los dirigentes afectados con
la medida son: Carmen Lucía Agredo Acevedo, José Alfredo Ariza Flórez,
Cleomedes Bello Villabona, Dionisio Carrero Correa, Henry Gamboa Meza, Elida
Mantilla Rodríguez, Carolina Moreno Rangel, Uriel Ortiz Ruiz, Alfonso Prieto
García y Jaime Rodríguez Ballesteros.
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| Elida Mantilla |
El proceso materia de
investigación tiene que ver con el presunto trámite irregular del acuerdo 100
de 2009, por medio del cual se aprobó una exención parcial tributaria que
disminuyó la tarifa de la estampilla pro – bienestar del anciano, del 2% al 1%.
La investigación la adelantó
una comisión integrada por la procuradora delegada para la Vigilancia
Preventiva de la Función Pública, el procurador auxiliar disciplinario y la
procuradora regional Santander.
El concepto de la Comisión Especial
Disciplinaria es que el entonces alcalde Fernando Vargas Mendoza sancionó el
citado acuerdo, el cual aprobó una exención parcial tributaria, con la finalidad,
al parecer, de beneficiar a un futuro contratista. Con esta actuación se pudo
haber violado el principio de equidad horizontal o universalidad tributaria, medida
con la cual se pudo incurrir en falta disciplinaria calificada provisionalmente
como gravísima cometida a título de dolo.
De igual manera la decisión de
la Procuraduría se tomó por cuanto en la exposición de motivos y en la ponencia
del Proyecto de Acuerdo 139 del 2 de diciembre de 2009, al parecer, no se
incluyó la renta sustituta, por medio de la cual el municipio de Bucaramanga
iba a reponer los recursos que no le ingresarían, al aplicar una tarifa del 1%
en la estampilla pro bienestar del adulto mayor al contrato que tenía por
objeto elaborar los estudios y diseños de la fase III y construcción del
viaducto de la carrera novena y sus obras complementarias.
El Ministerio Público
consideró que los concejales investigados, que con su voto aprobaron el
referido Acuerdo Municipal, pudieron incurrir en falta disciplinaria al crear
una exención parcial tributaria, con la cual se pudo beneficiar a un futuro
contratista, con violación del principio de equidad horizontal o universalidad
tributaria y no prever la renta sustituta, por medio de la cual se repusieran
los recursos dejados de percibir por el municipio. Fuente: Prensa de la
procuraduría general
