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sábado, 14 de julio de 2012

Bucaramanga: 1ª ciudad en firmar Política de Asociatividad

Por: Yelena Fuentes
Oficina de Prensa y Comunicaciones
Fusionar el sector público y privado para fortalecer las necesidades de los microempresarios de la ciudad es la campaña de la Política Pública de la Administración Municipal dirigida por el alcalde Luís Francisco Bohórquez Pedraza, la cual cuenta con el respaldo y financiación de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias en cabeza del director Luís Otero Coronado, convenio que tiene como propósito invertir $1.500 millones de pesos durante los periodos 2012 y 2015 en las 20 mil asociaciones de la ciudad.

La estrategia pública de Asociatividad busca asociar a sectores gremiales como artesanías, madres comunitarias, población discapacitada, víctimas de conflicto armado y jóvenes universitarios egresados que tengan proyectos en formación de empresa, así como también asociar a vendedores informales para formar empleos dignos y sostenibles en los bumangueses.

Luís Otero Coronado, director de Organizaciones solidarias
“Mi proyecto va encaminado en la sostenibilidad económica y social, Bucaramanga una sola ciudad, un solo corazón. Bucaramanga líder en  crecimiento y éste es uno de los componentes para hacer grade la ciudad”.
El modelo de “ciudad sostenible” de la Administración del alcalde fue destacado por el director de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias como un ejemplo de réplica a nivel nacional que busque la prosperidad y emprendimiento de sostenimiento en el sector empresarial público, privado y de desarrollo social, el funcionario también indicó que el compromiso con la ciudad y el departamento va encaminado en aumentar un banco de proyectos en el sector productivo para jóvenes y madres cabeza de familia antes de finalizar su periodo en el gobierno nacional.
Luís Otero explica la importancia de generar asociaciones en los jóvenes, víctima del conflicto armado y madres cabeza de familia como medio de integración y dinamismo económico desde una  política de participación y  desarrollo sostenible. Foto: Adolfo Enrique Herrera Amorocho /Archivo/Alcaldía de Bucaramanga

jueves, 31 de mayo de 2012

Cargos contra exalcalde y 10 concejales de Bucaramanga formuló la procuraduría general


Fernando Vargas, exalcalde
Uriel Ortiz, Pte concejo

Bogotá.- Mayo 31, 2012.- La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos en contra del ex alcalde de la capital de Santander,  Fernando Vargas Mendoza, y contra diez concejales de la pasada administración.
Los dirigentes afectados con la medida son: Carmen Lucía Agredo Acevedo, José Alfredo Ariza Flórez, Cleomedes Bello Villabona, Dionisio Carrero Correa, Henry Gamboa Meza, Elida Mantilla Rodríguez, Carolina Moreno Rangel, Uriel Ortiz Ruiz, Alfonso Prieto García y Jaime Rodríguez Ballesteros.
Elida Mantilla
El proceso materia de investigación tiene que ver con el presunto trámite irregular del acuerdo 100 de 2009, por medio del cual se aprobó una exención parcial tributaria que disminuyó la tarifa de la estampilla pro – bienestar del anciano, del 2% al 1%.
La investigación la adelantó una comisión integrada por la procuradora delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, el procurador auxiliar disciplinario y la procuradora regional Santander.
 El concepto de la Comisión Especial Disciplinaria es que el entonces alcalde Fernando Vargas Mendoza sancionó el citado acuerdo, el cual aprobó una exención parcial tributaria, con la finalidad, al parecer, de beneficiar a un futuro contratista. Con esta actuación se pudo haber violado el principio de equidad horizontal o universalidad tributaria, medida con la cual se pudo incurrir en falta disciplinaria calificada provisionalmente como gravísima cometida a título de dolo.
De igual manera la decisión de la Procuraduría se tomó por cuanto en la exposición de motivos y en la ponencia del Proyecto de Acuerdo 139 del 2 de diciembre de 2009, al parecer, no se incluyó la renta sustituta, por medio de la cual el municipio de Bucaramanga iba a reponer los recursos que no le ingresarían, al aplicar una tarifa del 1% en la estampilla pro bienestar del adulto mayor al contrato que tenía por objeto elaborar los estudios y diseños de la fase III y construcción del viaducto de la carrera novena y sus obras complementarias.
El Ministerio Público consideró que los concejales investigados, que con su voto aprobaron el referido Acuerdo Municipal, pudieron incurrir en falta disciplinaria al crear una exención parcial tributaria, con la cual se pudo beneficiar a un futuro contratista, con violación del principio de equidad horizontal o universalidad tributaria y no prever la renta sustituta, por medio de la cual se repusieran los recursos dejados de percibir por el municipio. Fuente: Prensa de la procuraduría general

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